"El Z43" era uno de los 122 principales objetivos criminales del Gobierno de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que facilitara su detención.
Fueron 87 casos del fuero común y 58 federales en los que se indagó la participación de oficiales del Estado en la desaparición de personas, de acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República (fiscalía nacional).
Un ex alto mando policiaco del oriental estado mexicano de Veracruz fue arrestado hoy, señalado de "desapariciones forzadas" cometidas durante la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), informaron fuentes policiales.
Con una población de apenas 112,000 habitantes, forma parte de Colima, el tercer estado más pequeño de México, colindante con Jalisco y Michoacán, que hasta hace unos años era publicitado por los folletos turísticos como "el estado más seguro del país" y "el lugar donde no pasa nada".
En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, negó la presencia de este cartel en la Ciudad de México y aseguró que la delegación Tláhuac es el único lugar de la capital donde las autoridades han detectado actividades de narcotráfico "en la modalidad de narcomenudeo".
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que a juicio de especialistas ya desplazó al Cártel de Sinaloa tras la recaptura hace dos años de su líder Joaquín "El Chapo" Guzmán, extraditado a Estados Unidos, dio a conocer que lanzará una ofensiva para liquidar a sus enemigos.
"¿De qué murió Pilar, dónde? No se sabe. En el lugar donde se encontraron los restos óseos no había rastro de ADN", agrega reiterando, ante todo, el hecho de que la familia de la víctima esté convencida de la inocencia de su defendido.
Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.
El Gobierno mexicano negó hoy que haya condiciones para retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, al presentar los resultados del despliegue de policías federales en puntos conflictivos del país desde el pasado lunes.
El gobierno mexicano vuelve a la carga para lanzar una nueva ofensiva contra el crimen, más afinada y precisa que la de 2006, en las ciudades más violentas del país, mediante el despliegue de unos 5,000 efectivos.
La mayoría de los efectivos han sido desplegados en Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego, y el corredor que une el resort de Los Cabos con La Paz, en el Estado de Baja California Sur que, junto a Cancún, son los destinos turísticos mexicanos que atraen a más extranjeros.
El secretario mexicano de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó hoy que más 5,000 integrantes de las fuerzas federales fueron desplegados desde el lunes en distintos puntos conflictivos del país para disminuir los niveles de violencia, sin la participación del Ejército ni la Marina.
El portavoz estatal de Seguridad, Roberto Álvarez, explicó que alrededor de las 23.00 hora local del domingo fue reportado un supuesto ataque a una patrulla de la Policía Municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero, en cuyo interior había dos personas sin vida.
Migrantes económicos y refugiados por la violencia se enfrentan a constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas y, a menudo, se ven abocados a un limbo económico al disponer de una visa humanitaria que les impide trabajar legalmente.
Domínguez Ramírez envió un mensaje directo al presidente Enrique Peña Nieto para que ordene a la Procuraduría General de la República redoblar los esfuerzos de la investigación y "que tengan que hacer lo que se debe para que este caso no quede impune".
"Si ustedes prometieron no dañar a las familias, éste es uno de los daños más grandes que puede existir después de no saber de nuestros seres amados", dijeron los autores del texto, difundido a través de los medios de comunicación.
"En los artículos mencionados se establece la obligación de proporcionar la información que genere la CDHDF, administre o tenga en posesión", criticó la presidenta, quien alertó que ello puede poner en riesgo a víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
Los primeros datos públicos que hay en la página del Secretariado Ejecutivo sobre homicidios son de 1997. En ese año se contaron 16.866, unos 46 al día. Aquella cifra subió sin piedad hasta llegar a los 61 asesinatos al día de 2011. Muchos creían entonces que la violencia había tocado techo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió hoy una recomendación por la desaparición forzada de tres jóvenes que presuntamente fueron detenidos por policías y entregados a un grupo criminal en el nororiental estado de Tamaulipas.
México cerró 2017 con 25.339 homicidios dolosos, una cifra insólita en dos décadas que supone un aumento del 18,91 % respecto al año anterior y que muestra, de acuerdo con expertos consultados por Efe, la debilidad del modelo de seguridad y de las instituciones del Estado.
