La noche del lunes, quienes habitamos en la capital de México observamos con terror cómo se desenvolvía un capítulo más de la trágica historia de la ciudad: el derrumbe de un tramo del metro, dos vagones naranja y verde caídos en forma de “v” sobre una de las calles del sureste de la ciudad.
Finalmente, la bomba Lozoya estalló con todo su poder destructor y promete arrasar. La política mexicana vive horas convulsas después de que se filtrara la denuncia completa de Emilio Lozoya, quien fuera director de la petrolera Pemex entre 2012 y 2016 y uno de los hombres más cercanos al...
El gobierno de Martín Vizcarra –arribado al cargo hace dos años en razón de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de los escándalos de la empresa Odebrecht– ha actuado bastante más rápida y organizadamente que la mayor parte de los gobiernos de la región.
Su arresto, con vistas a una posible extradición, combina de forma simbólica la disfuncionalidad en la que lleva instalado el Estado mexicano desde hace décadas con el descaro y la frivolidad con los que operaron muchos personajes ligados a la última Administración del PRI
Hasta ahora, la corrupción tan aludida, periodísticamente expuesta y mayoritariamente impune, de las pasadas administraciones federales, así como de las empresas productivas del Estado, destacadamente en Pemex, no había llegado a procesos internacionales.
Aún no ha acabado la historia del mítico juez Sérgio Moro que, con la operación Lava Jato, creó un terremoto dentro y fuera de Brasil llevando a la cárcel a expresidentes como al popular Lula da Silva, y a empresarios millonarios como Marcelo Odebrecht.
El empresario fue capturado por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos español a su llegada a la isla el martes pasado. Su captura ha supuesto el primer golpe visible del Gobierno mexicano a la versión mexicana del mayor entramado de corrupción de la historia de América Latina.
Desde 2013, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, identificó a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex del gobierno de Enrique Peña Nieto, como una de las figuras más corruptas de esa administración.
El caso Lava Jato tiene jaqueada a toda la clase política peruana. El expresidente Alejandro Toledo está prófugo en los Estados Unidos, sometido a un proceso de extradición por un soborno de más de 35 millones de dólares para la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.
Cuando hace justo cinco años, gracias a la Operación Lava Jato, los brasileños empezaban a enterarse del monumental escándalo de corrupción que se había instalado dentro de la estatal Petrobras pocos intuían que lo peor estaba por llegar.
La frase, o el modo teatral en que era esgrimida, logró cierto golpe de efecto: García fue reelegido en 2006 por el mismo pueblo que en su día juró nunca volver a darle una oportunidad.
Tuvieron que pasar 17 días desde que el expresidente Alan García ingresó a escondidas en la embajada de Uruguay para pedir asilo diplomático, hasta que el gobierno de Tabaré Vásquez anunció que se lo negaba.
De hecho, los mercados, tanto el bursátil como el de divisas, han reaccionado espasmódicamente. Si en condiciones normales una decisión de este tipo es de extrema gravedad, con unas elecciones presidenciales y parlamentarias a la vista la misma puede condicionar el futuro político del país.
En los casi doscientos años de turbulenta historia peruana hubo apenas tres precedentes de destitución del presidente por el Congreso y solo uno por la causa que el pasado diciembre se esgrimió para la vacancia: incapacidad moral permanente.
A los conocidos lemas de repudio al indulto ante la gravedad de los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori, se sumaron condenas a Kuczynski y pedidos de que sea vacado, así como condenas a lo que consideran un pacto oculto entre el mandatario y el fujimorismo.
