La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su preocupación por la Ley de Seguridad Interior de México, que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, puesto que puede debilitar los derechos y libertades individuales.
"El relator especial quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales", afirma Forst en el informe que redactó tras su visita al país norteamericano.
El experto sostuvo que en el contexto de las crisis humanitarias que atraviesan diferentes regiones, los defensores de derechos humanos "juegan un papel clave para la prevención de tragedias y la prevención de los grupos más vulnerables de nuestras sociedades".
El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Claudio Avruj, consideró hoy "sesgado" e "incompleto" el informe anual de Amnistía Internacional, que critica la situación de los pueblos indígenas en el país y la actuación en el caso de Santiago Maldonado.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, advirtió hoy en Bogotá de que todavía persisten "situaciones autoritarias en algunos estados" del continente y el desarrollo de los derechos es "muy desigual" en la región.
"Ha sido históricamente una estrategia muy efectiva el usar a comunidades que han sido históricamente marginadas y estigmatizadas como las personas LGTBI (Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) o los pueblos indígenas para generar estas retóricas divisoras", señaló.
La ONG Amnistía Internacional consideró hoy que los ataques en Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, donde según activistas 194 personas han muerto en los últimos tres días, suponen crímenes de guerra.
En su informe anual, la ONG destacó que los tribunales saudíes siguieron aplicando la pena de muerte por diversos delitos, incluidos los de "hechicería" y "adulterio", en juicios injustos y denunció que las autoridades no informaron a las familias de los condenados de su ejecución.
La organización señala que durante las masivas protestas anticorrupción de marzo de 2017 "cientos de personas que se manifestaban pacíficamente, así como transeúntes y periodistas fueron detenidos" y "muchos fueron sometidos a tratos crueles" y "juicios injustos".
Se recuerda asimismo que muchos de los presos recluidos en estos campos no han sido condenados "por ningún delito reconocido internacionalmente", y que a varios se los detiene de forma arbitraria por su relación con otras personas que el Estado considera una amenaza.
Esta represión se dirige sobre todo contra periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos y ha hecho desaparecer "en gran medida las críticas al Gobierno en los medios de comunicación audiovisuales e impresos", subrayó AI en su informe anual.
AI recordó que en enero del año pasado el Ministerio de Justicia anunció un Plan Nacional de Seguridad Pública para reducir la cifra de homicidios, combatir el tráfico de drogas y llevar a cabo una revisión del sistema penitenciario.
El informe recoge cifras de la ONG Médicos Sin Fronteras que concluyó que el 77 % de las sobrevivientes de violencia sexual y de género atendidas entre mayo de 2015 y marzo de 2017 en su clínica especializada en Puerto Príncipe eran menores de 25 años y el 53 % menores de 18 años.
"Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas", se indica en el informe 2017/18 al referirse a las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollaron el año pasado y que dejaron al menos 120 fallecidos y más de 1000 heridos.
En su anterior informe, Amnistía Internacional alertó del discurso del odio como amenaza a los derechos humanos y en este constata que "el mundo está viendo las terroríficas consecuencias de esa retórica", que puede "normalizar la discriminación masiva contra grupos marginados".
AI también afirmó que la represión contra la sociedad civil se ha intensificado en 2017, con casos habituales de detenciones arbitrarias y juicios injustos contra personas críticas con el gobierno o manifestantes pacíficos, además de contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Las operaciones, que respondieron al asalto a una treintena de puestos policiales y fronterizos por parte de un grupo insurgente rohinyá, fueron calificadas por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como una "limpieza étnica de manual".
La policía reconoce haber matado hasta el momento a unos 4,000 sospechosos que presuntamente se resistieron al arresto, pero el número total de muertos se estima en más de 7,000 si se cuentan los homicidios a manos de particulares, y algunas organizaciones lo elevan hasta 12,000.
En el apartado migratorio, Amnistía Internacional denuncia medidas como el muro en la frontera con México o el fin del programa DACA que protege de la deportación a 690,000 jóvenes llegados a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como "soñadores".
El conflicto es parte de un empeoramiento de la crisis humanitaria en el Congo. La violencia provocada por milicias se ha incrementado desde que el presidente Joseph Kabila se rehusó a dejar el poder cuando finalizó su mandato constitucional en el 2016.
